¿Contadores corruptos son parte de una profesión íntegra?

Está sobre la mesa el ejercicio ilegal de la profesión

Por Samuel Mantilla – ¿Contadores corruptos son parte de una profesión íntegra? Está sobre la mesa el ejercicio ilegal de la profesión.

Dicen que hace más daño el silencio de los buenos que las acciones de los malos.

Sin que yo sea bueno o pretenda presentarme como tal, el Juliana’s Case ha puesto sobre la mesa el ejercicio ilegal de la profesión del contador público no solo por la obtención exprés de un título universitario sino porque, de acuerdo con la ley 43 de 1990 la calidad de contador público implica tres elementos: (1) título profesional de contador obtenido en una universidad reconocida por el Estado; (2) Acreditación de experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general; y (3) expedición de la tarjeta de contador público por parte de la Junta Central de Contadores, previa la comprobación de los numerales (1) y (2).

Ante unos tweets que repliqué y comenté en X, algunos me comentaron (‘por correo interno’, para no comprometerse públicamente) que no es el único caso (¿será esto cierto?) y que, si el Congreso, la Fiscalía, las Cortes, la Contaduría General de la Nación e instituciones similares están plegadas a los intereses oscuros del actual gobierno corrupto, ¿por qué los contadores deberían ser la excepción?

Parecería que hay una corriente fuerte de quienes piensan de esa manera, lo cual no sería de extrañar dada la abundancia de programas de contaduría abiertamente petristas que promovieron y continúan promoviendo el progresismo contable.

También hay una fuerte corriente silenciosa (¿prudente silencio o complacencia oportunista?) que todavía no ha dicho nada acerca del Juliana’s Case y tampoco ha denunciado las distintas prácticas corruptas asociadas con la expedición de títulos de contadores, amparadas en las ‘autorizaciones legales’ de admitir como parte de estudios los realizados en instituciones como el Sena y otras de carácter técnico.

Por lo pronto, la Junta Central de Contadores, no ha dicho nada, incluso ante la afirmación (no confirmada) de que ha otorgado la tarjeta profesional exprés (‘en la mitad de un fin de semana’) para facilitar una posesión. ¿Dirá algo en la rendición de cuentas que anuncia para el próximo 18 de septiembre?

Tampoco se ha pronunciado el Consejo Técnico de la Contaduría, prolífero en la recomendación de normas internacionales que luego considera no son necesario aplicar.

Preocupa el silencio de los gremios que, en común, dicen defender la profesión: el Instituto Nacional de Contadores Públicos, el Consejo Nacional de Contadores Públicos, la Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos, la Asociación Nacional de Contadores, y otras que fungen como tales.

Ni lo han hecho Fedecop, Redfacont, los programas de contaduría pública… ¡Silencio que congela sepulcros! Si no pueden denunciar un programa corrupto (el vinculado con el Juliana’s Case) ¿será que comparten esos procederes o temen indisponerse con el gobierno actual por posibles venganzas a través del Ministerio de Educación Nacional y otros instrumentos de acreditación?

En todo caso, los silencios hablan mucho. Está sobre la mesa el ejercicio ilegal de la profesión. ¿Queda algo de integridad en la profesión de los contadores públicos?

De continuar estos silencios será imposible que la profesión pueda presentarse como íntegra en asuntos que son materialmente importantes.